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Cádiz

Rodríguez de Castro será extraditado el 6 de enero e ingresará en una prisión de Madrid

  • El ex delegado de la Zona Franca que se fugó a México está condenado a ocho años por el caso Rilco

Manuel Rodríguez de Castro durante una entrevista que concedió a Diario de Cádiz.

Manuel Rodríguez de Castro durante una entrevista que concedió a Diario de Cádiz. / julio gonzález

Manuel Rodríguez de Castro, ex delegado de la Zona Franca por el Partido Popular condenado a ocho años de cárcel por el caso Rilco, llegará a España el próximo día 6 de enero. Ocho meses después de que la Interpol lo localizara en México, país al que huyó para evitar su ingreso en prisión, se ha hecho efectiva su extradición.

Según las fuentes judiciales consultadas, De Castro desembarcará el día de Reyes en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas escoltado por fuerzas de seguridad que, previsiblemente, lo acompañaran durante todo el vuelo trasatlántico -contratado con la compañía Iberia- al tratarse de un detenido fugado.

Una vez que el ex delegado de la Zona Franca pise territorio español, será trasladado al juzgado que esté de guardia en Madrid en esa jornada festiva del 6 de enero. Ya en dependencias judiciales, De Castro será lo que en términos jurídicos se denomina 'legalizado', es decir, pasará de ser detenido a penado y, por ende, a cumplir la condena de ocho años de cárcel que le impuso la Audiencia Provincial de Cádiz en primera instancia y que luego el Tribunal Supremo confirmó íntegramente.

Manuel Rodríguez de Castro ingresará entonces en un centro penitenciario de Madrid y, como cualquier interno, podrá solicitar, si así lo estima oportuno, el traslado a una cárcel más cercana, como Cádiz o Sevilla, de donde es natural, amparado por el criterio de arraigo.

El que fuera delegado del Gobierno en la Zona Franca de Cádiz fue arrestado el pasado mes de abril en México por parte de agentes adscritos a Interpol, tras una petición cursada por la Unidad de Fugitivos del Cuerpo Nacional de Policía. Con su captura culminaron más de doce meses de búsqueda tras la orden dictaminada por la Audiencia Provincial de Cádiz, tribunal que lo condenó a ocho años de prisión por el caso Rilco.

De Castro fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social de México, a la espera de que se aprobara su extradición hacia España, lo que en un principio se pensó que podría producirse en el plazo de unos 40 días, pero finalmente ha tardado ocho meses en hacerse efectiva.

El propio De Castro se quejó de esta demora en una carta escrita a una amiga desde su reclusión en México. En la misiva le decía que "estaba previsto que me mandasen para España 'exprés', pero por esas cosas de la política y las elecciones se durmieron y me dio tiempo a meterles un (recurso de) amparo contra la solicitud de extradición". En ese sentido, el ex delegado popular comentaba a su interlocutora que no tenía muchas esperanzas en que el recurso prosperase, si bien sabía que su resolución le iba a permitir permanecer más tiempo en el país latinoamericano.

Según fuentes de la Policía Nacional, el ex delegado de la Zona Franca de Cádiz estaba "totalmente integrado" en la sociedad de México, pues en 2014 había obtenido la nacionalidad mexicana por naturalización y y había abierto una empresa dedicada al servicio de banda ancha y despliegue de redes en el Norte, Centroamérica y el Caribe.

En la etapa del Gobierno del PP, Manuel Rodríguez de Castro fue delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz, concretamente desde julio de 1996 hasta febrero de 2001, fecha en la que fue cesado del cargo a petición propia.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo emitió el pasado 11 de marzo de 2015 una sentencia confirmando la condena a ocho años de cárcel impuesta por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz por el caso Rilco, la plataforma de comercio electrónico con Iberoamérica que trató de poner en marcha.

Asimismo, el TS le imponía una multa de ocho millones de euros por un delito de fraude en la obtención de subvenciones, estimando de esta manera parcialmente los recursos de la Fiscalía y de la acusación popular, ejercida por el PSOE de Cádiz, en cuanto que reclamaron que la sentencia emitida por la Audiencia de Cádiz había omitido la pena de multa impuesta después por el Alto Tribunal. A estas penas De Castro suma 30 años más de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

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