El artículo 47 de la Constitución garantiza a todos los españoles “el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, y mandata a los poderes públicos impedir la especulación del suelo. Pero las administraciones han fomentado la especulación urbanística; muchos políticos no han pasado de los dos primeros artículos.

En España conseguir una vivienda es un objetivo inalcanzable para gran parte de la población; y el problema se agrava ante la inacción de las administraciones competentes -comunidades autónomas y ayuntamientos-, y la irrupción de fondos buitres que están disparando el precio de viviendas y alquileres, buscando un lucro desmedido.

La única vía para garantizar este derecho de acceso a la vivienda para todo tipo de personas y rentas es disponer de un parque público de viviendas. Lo demás, incluido los controles de precios, son parches difíciles de aplicar, ante las múltiples casuísticas y picarescas.

España cuenta con un parque público de viviendas escuálido, sólo el 2,5% de las viviendas existentes. Comparen con el 30% de Países Bajos, el 24% de Austria o el 20,9 % de Dinamarca. Y la tendencia es claramente negativa; en los últimos 25 años la construcción de vivienda protegida ha disminuido un 90%. Ningún gobierno estatal, autonómico o local se lo ha planteado como prioridad.

En Andalucía la situación es aún peor. Ni siquiera existe un registro común de vivienda pública. La Junta de Andalucía es propietaria sólo del 1,67% de las viviendas. En El Puerto, el ayuntamiento tiene 364 viviendas, lo que supone un exiguo 0,76%. Desde 2014 -con gobiernos del PP, PSOE e IU-, no se ha construido ni una sola vivienda pública. Más aún, el ayuntamiento ha vendido a los promotores el 10% de edificabilidad a la que tiene derecho en todas las promociones. Pura especulación para hacer caja y pagar cabalgatas.

En España la vivienda pública se ha destinado a un sector de la población de bajos recursos, favoreciendo los guetos, excluyendo a la mayor parte de la ciudadanía. Todos deberíamos tener derecho a acceder a una vivienda pública, con un alquiler social proporcional a los ingresos. Sólo con un mínimo del 20% de viviendas públicas estaría garantizado este derecho constitucional. El sacrosanto mercado dinamita este derecho.