El Grupo Municipal Socialista ha prsentado esta mañana en la Fiscalía los informes relacionados con el caso de Aguas de Cádiz para que el Ministerio público comience una investigación para determinar si los hechos denunciados pueden ser constitutivos de algún delito.

Este paso lo da el PSOE después de que en el consejo de administración de la empresa municipal celebrado el pasado miércoles, los consejeros del equipo de gobierno y los socialistas no se llegaran a poner de acuerdo en la manera de llevar a los tribunales la denuncia. Mientras que el PSOE ayer decidió dar el paso, en el equipo de gobierno aún no se ha presentado la querella que se había anunciado después del consejo de administración, aunque esta mañana la portavoz del gobierno local, Ana Fernández, señaló que se hará en breve.

Lo que tendrá que determinar la Fiscalía es si se han producido irregularidades en el pago de 42.000 euros por parte de Aguas de Cádiz bajo la presidencia de Ignacio Romaní al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa, que dirige Carlos Guillén y que, además, era el director de la tesis doctoral del concejal del Partido Popular.