Las duras críticas efectuadas el martes por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía a la Junta de Andalucía por su actuación en materia de vivienda en la capital gaditana obtuvieron ayer respuesta del consejero de Fomento, Felipe López, quien afirmó que la administración pública andaluza desarrolla en la ciudad de Cádiz desde 2014 actuaciones de adecuación del parque público residencial que están permitiendo mejorar la calidad de vida de 1.467 familias, a lo que añadió que "la Junta, por tanto, no ha paralizado en ningún momento su actividad en materia de vivienda en la capital de Cádiz, que ha sido y es una de las ciudades de Andalucía donde más actuaciones se contabilizan en los últimos años, lo que da muestra del compromiso de la Junta con la vivienda y con la rehabilitación su patrimonio residencial". Estas actuaciones, que hacen referencia a obras ya ejecutadas, en ejecución o próximas a acometerse, se centran en las zonas comunes y las instalaciones de los edificios y suponen una inversión de 7,4 millones.

López, que el pasado día 19 se reunió con el alcalde de Cádiz, José María González, recordó que comprometió inversiones en la ciudad por importe de 21,1 millones en materia de vivienda. Por tanto, señaló que "el compromiso de la Junta con Cádiz se es claro y firme y se ha visto reforzado con la reactivación de la venta de suelos del patrimonio de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, cuyos ingresos deben generar un beneficio a la sociedad, que en Cádiz se traducirá en la promoción de vivienda protegida".

En ese escenario se enmarcan los dos proyectos anunciados y correspondientes a la séptima fase de Cerro del Moro y segunda fase de Matadero, que "se retoman con plenas garantías de desarrollo", según aclaró López. Estas dos actuaciones van a permitir que la ciudad disponga de 127 nuevas viviendas, a las que se sumarán después las 42 restantes de Matadero. Estas intervenciones supondrán un desembolso de 14,5 millones (casi el 70%), de los 21,1 millones comprometidos por el consejero, en tanto que los 6,6 millones restantes se corresponden con la inversión destinada a obras en las promociones del parque de vivienda pública de las dos ARRU (Ayudas a la Regeneración y Reurbanización Urbanas) declaradas en la ciudad.

"Esta consejería no compromete ninguna actuación sin garantías de poderse acometer", insistió frente a las críticas de la Asociación Pro Derechos Humanos "y ante el escepticismo mostrado por algunos vecinos de la octava fase del Cerro del Moro".