En una época en la que, más que nunca, se reclama como un valor en alza la variedad y la pluralidad, en la educación –lo estamos viendo en algunas Comunidades Autónomas y en el Anteproyecto de la nueva Ley de Educación– se quiere dar marcha atrás y generalizar por decreto un único modelo educativo, el de la enseñanza pública. La Constitución española garantizó en su artículo 27 la complementariedad de modelos educativos al mismo nivel, sin que ninguno de ellos, el público y el concertado, fuera subsidiario del otro. Llevamos muchos años en esta dirección, aunque ciertamente el sistema se podría haber mejorado para que la libertad de las familias a la hora de elegir centro educativo tuviera más garantías.

El Decreto de Conciertos de 1985 se ha quedado obsoleto, y todo el mundo reconoce que las partidas destinadas a la financiación de la enseñanza concertada resultan insuficientes en dos direcciones: en las condiciones laborales y salariales del profesorado; y en la insuficiente financiación para los centros. Por desgracia, las familias y los alumnos que eligen hoy día la concertada no cuentan con los mismos recursos ni con los medios materiales y humanos.

Para la Federación de Enseñanza de USO, las Administraciones públicas deben facilitar que las familias elijan con libertad. Pero, para poder elegir, tiene que existir una oferta plural y, además, unas mismas condiciones, recursos y medios. Para nosotros, el sistema de conciertos es una garantía de pluralidad porque facilita que todas las familias puedan elegir el centro que deseen para sus hijos, ya sea este público o concertado. Pero deben hacerlo sin que se penalice económicamente esta capacidad.

Nuestro sindicato no está a favor de ningún modelo explícito: para la Federación de Enseñanza de USO, la enseñanza pública y la privada-concertada son sinónimos de libertad. Es lo que vienen haciendo las familias desde hace décadas sin que se haya producido ningún trauma. Al contrario, el sistema es muy bien acogido por las familias, que siguen valorando positivamente esta capacidad de elección.

Sin embargo, durante estas décadas han sido los poderes públicos los que, en muchos casos, no han estado a la altura. Principalmente, porque no han destinado los medios económicos necesarios y han racaneado en exceso con los presupuestos destinados a la educación, cuando no han proliferado los recortes que han dañado la calidad de nuestro sistema educativo y han perjudicado notablemente a la atención del alumnado, especialmente del más desfavorecido. Y, hay que decirlo, algunas Administraciones en muchos casos no han creído en los beneficios de la complementariedad, la pluralidad y la variedad, sembrando sospechas sobre un modelo u otro, invadiendo espacios que no les corresponde y dificultando a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos. En este sentido, no hay que olvidar que la educación sigue siendo, por desgracia, un campo de enfrentamiento ideológico. A los partidos políticos, en general, les ha faltado amplitud de miras para convertir a la educación en el eje de sus políticas sociales para fomentar la igualdad de oportunidades. La “guerra escolar” que sigue presente –y que algunos se han profesionalizado en alimentar– ha impedido que se alcance lo que los ciudadanos de manera mayoritaria vienen reclamando insistentemente, lo mismo que nuestra organización de una manera muy especial: un Pacto Social y Educativo que dé estabilidad a nuestro sistema educativo.

No compartimos, pues, las políticas educativas encaminadas a homogeneizar la oferta educativa: con el espíritu de la Constitución, se debe avanzar en la higiénica complementariedad, dando la voz a la sociedad civil para que se organice en estos asuntos. Por desgracia, hay partidos y sindicatos que caminan en otra dirección: una educación única, homogénea y excluyente. Les gusta la uniformización. Rechazan la pluralidad. A nosotros nos gusta el aire fresco y la libertad.