Puede que ya lo haya vivido o que conozca a familias de su entorno que lo estén viviendo. Decenas de gaditanos –quizá cientos–están hoy buscando piso y llenando cajas de mudanza. En muchos casos, después de décadas como inquilinos de renta no siempre bajas, cumpliendo con sus obligaciones e incluso asumiendo reparaciones y reformas de envergadura que corresponden a la propiedad. En muchos casos, obligados a trasladarse a poblaciones vecinas donde los precios todavía no se han disparado como en los barrios donde vivieron toda o gran parte de sus vidas. En demasiados, se trata de personas mayores que no han conocido otra vida más allá de sus calles. En otros, de familias con hijos que temen tener que cambiarlos de colegio...

En los últimos meses se ha extendido entre los propietarios de pisos en alquiler residencial una necesidad urgente de disponer de ellos de inmediato o en breve. Supuesta o realmente para uso propio o para un hijo que se acaba de casar. Supuesta o realmente para venderlos “sin prisa” a un precio que el inquilino nunca puede asumir, pese a que se le brinde el derecho de tanteo y retracto. Supuesta o realmente para “empezar a alquilarlos a precio de mercado”. O, abiertamente, para ponerlos en Airbnb o cualquier otro portal similar que rente diez veces más que con un alquiler residencial.

En los últimos meses se han extendido los fines de contratos de alquileres residenciales

Mientras tanto, no deja de crecer como la espuma la oferta de viviendas con fines turísticos, una actividad que en unas noches puede procurar los mismos beneficios que una renta en todo un mes. Un estudio encargado por la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz las cifraba en septiembre pasado en 1.224, con una previsión de alcanzar las 2.000 en un par de años a una media de crecimiento de 31,4 al mes. El 75% de ellas, en el casco histórico. Pero también las hay en Puertatierra, a pie o cerca de la playa. Pero esto es sólo la punta del iceberg. Son las viviendas turísticas regladas. Las que cuentan con licencia.

El colectivo Calle Viva, nacido precisamente en respuesta a esta burbuja que está expulsando a muchos gaditanos de sus barrios y modificando su paisanaje, las cifra en 1.315. “La falta de suelo, el alto número de viviendas vacías y las viviendas turísticas existentes provocan que la población residente se marche a municipios cercanos u otras ciudades por la imposibilidad de poder vivir en su ciudad, que poco a poco se está convirtiendo en un parque temático”, vuelve a argumentar el colectivo.

Calle Viva busca una alianza vecinal que ayude a frenar las viviendas turísticas

“Es una realidad que nos estamos quedando sin vecinos y vecinas en los barrios, que los precios del alquiler están subiendo de manera considerable y que no se puede acceder a una vivienda de alquiler anual porque la mayoría está destinada al alquiler de temporada o turístico”, comentan desde Calle Viva.

Recientemente organizaron un encuentro con ciudadanos y miembros de organizaciones sociales con las que pretende establecer una alianza capaz de frenar este fenómeno que avanza a pasos agigantados. Marisa Campos, de Vecinos de Cádiz y Cádiz Centro; Eladio García Castro, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y David Cifredo, de Facua-Consumidores en Acción, asistieron a ese encuentro.

Calle Viva insistió en reclamar una moratoria urgente en la concesión de licencias de VFT en tanto no se elabora y aprueba una ordenanza municipal que las regule. Desde el colectivo también proponen una tasa turística que ayude al municipio a compensar los efectos del turismo sobre la ciudad, a semejanza de la implantada en Baleares, o una tasa de basura industrial que contribuya a sostener los servicios municipales de los que también se benefician los turistas.