La próxima semana, concretamente el miércoles y el viernes, los ex trabajadores de Delphi volverán a ser noticia. Esas dos jornadas están marcadas en el calendario para la celebración del juicio en la sede del juzgado número 3 de lo Social de la capital gaditana. El motivo, el supuesto fraude laboral detectado cuando, en su día, estos ex empleados recibieron los cursos de formación impartidos por la Fundación Universidad Empresa, Fueca.

Hay que recordar que esta citación se produjo a raíz de la investigación del fraude de los ERE y que, en una de sus ramas, acabó tocando a Delphi. Dicha causa estimó que se había detectado un posible fraude en estos cursos de Fueca ya que, decía la investigación, en realidad todos los cursillistas habían firmado un contrato laboral. De esta manera, impuso una multa millonaria a la Fundación gaditana y, de rebote, acabaron siendo acusados los más de 400 participantes que, la próxima semana, tendrán que prestar declaración.

Esto tuvo otra consecuencia. El Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) consideró que si dicha contratación laboral era fraudulenta y por tanto los cursos impartidos por Fueca debieron ser considerados como formación pura y dura, el desempleo que cobraron posteriormente los ex Delphi tampoco se ajustaban a la legalidad. Por tanto, interpuso otra demanda contra ellos en la que les reclama la devolución de todos los cobros del paro. Sin embargo, esta causa (debido al volumen de implicados, los más de 400) se dividió entre los tres juzgados de lo Social de Cádiz. Dos de ellos desestimaron la demanda del Servicio estatal, pero uno, el número 2, la admitió a trámite.

Y aquí es donde reside otro de los problemas de este asunto. Los sindicatos que aún llevan la voz de los afectados en este asunto (UGT, CGT y USO) explicaron ayer en un comunicado dirigido a los ex trabajadores de la multinacional que cerró en Puerto Real, que tienen intención de solicitar a dicho juzgado el próximo lunes día 4 el aplazamiento de la vista con el SEPE, ya que hasta no saber con certeza si se considera ilegal o no ajustado a Ley la relación mantenida con Fueca no podrá ser reclamada por tanto la cantidad cobrada como prestación por desempleo.

Así lo explicó ayer en declaraciones a este periódico el portavoz y responsable provincial de USO, Miguel Paramio. "Si el juzgado dice que no hubo ilegalidad en los cursos de Fueca, el Servicio Estatal no puede reclamar a estos compañeros que devuelvan la prestación", indicó.

Según los cálculos realizados por los sindicatos, sólo en concepto de multa por el supuesto contrato laboral fraudulento firmado con la Fundación Universidad Empresa, se reclama a cada uno de los afectados unos 6.000 euros. A eso habría que sumar la devolución del paro cobrado.

Paramio insistió en que "en las circunstancias en las que estamos diez años después, pedir estas cantidades es una auténtica barbaridad, y ya dijimos en su día en que aquí hay más actores implicados: está la Junta de Andalucía y están los sindicatos, aparte de los trabajadores".

Para dirimir todas estas cuestiones, los sindicatos han explicado a los afectados que hoy viernes podrán formalizar el acta o poder notarial oportuno a los abogados encargados de llevar adelante los procedimientos tanto de Fueca como del SEPE en el juzgado número 3 de lo Social. Esto es así porque, según los sindicatos, a partir del próximo lunes día 4 "será imposible atender al colectivo por estar éste juzgado colapsado por los juicios de los ex Delphi".

En el comunicado a los afectados, insistieron en que "este lunes día 4 de es el día más importante, pues ese día se decidirá el modo de proceder para el juicio de los días 6 y 8 de septiembre, tanto con respecto a los testigos, a los abogados como al resto de implicados en este proceso".

También el lunes, los abogados de las tres fuerzas sindicales han acordado hablar con el titular del juzgado número 2 de lo Social (el que prevé enjuiciar el caso reclamado por el SEPE el martes día 5) para que proceda a su suspensión por los motivos antes mencionados. Más avanzado el mes, según indicaron ayer, entablarán conversaciones con el juzgado número 1, que será el encargado de dirimir los juicio por las prestaciones de desempleo de otra parte de los afectados, fijados para el próximo mes de octubre.

Además, uno de los sindicatos, concretamente CGT, explicó ayer que ha solicitado la autorización oportuna para que se permita al colectivo Delphi concentrarse en la puerta de la sede judicial durante los días de juicio.